El director general de Planificación e Infraestructuras Hidráulicas, Álvaro Jiménez, ha avanzado este martes que en el primer trimestre de 2021 se iniciará la tramitación de la nueva Ley de Agua de Extremadura, destinada a ordenar las competencias en esta materia, dotar de mayor transparencia y coordinación interadministrativa en la gestión y homogeneizar la calidad del servicio, entre otros factores.
El director ha expuesto algunas claves sobre la futura norma durante su intervención en la mesa redonda que sobre el Ciclo del Agua ha organizado la institución ferial FEVAL, el marco del Foro e-Ficon. Así, ha indicado el amplio proceso participativo con que se ha contado su departamento para la elaboración del borrador del anteproyecto de Ley, en los diversos ejes temáticos organizados, en el que han colaborado 300 participantes y realizado 60 propuestas.
“Se trata de asegurar a la población sus demandas y necesidades en agua, tanto en término de calidad como de cantidad, y hacerlo de forma sostenible, porque los recursos hídricos pueden verse comprometidos como consecuencia de la crisis climática”, señala Jiménez, y añade que disponer de unas infraestructuras saneadas y renovadas permitiría a la región hacer frente al calentamiento global.
En este sentido, el director general ha descrito las actuaciones que la Junta de Extremadura, a través de la Consejería para la Transición Ecológica y Sostenibilidad, ha desarrollado a lo largo de este ejercicio: 24 obras adjudicadas con un importe de 12,6 millones de euros, y en proceso de adjudicación la mejora del abastecimiento a Torremejía, Logrosán, Acehúche, Deleitosa y la ETAP en Madroñera, con una inversión prevista de casi 10 millones de euros.
Y por la vía anticipada, se ha previsto una inversión de casi 57 millones de euros, entre asistencias técnicas y obras, como la mejora de la EDAR de Mérida, con un importe de 4,6 millones de euros, y las nuevas EDARs de Alía, Deleitosa, Valdivia, Puebla de Alcocer, Valle de la Serena y Cañamero, entre otras.
“Nuestra intención es hacer en los próximos dos años importantes inversiones, especialmente en saneamiento y depuración, para modernizar y renovar las infraestructuras, aumentando su eficiencia, para garantizar a la población esa seguridad hídrica de la que antes hablaba, implicando a todas las administraciones en la gestión y mediante la planificación continúa y coherente con los planes de cuenca”.
