La comunidad autónoma de Extremadura vuelve a ser en el primer trimestre del año 2017 la región más segura de España con una tasa de criminalidad del 24,3 por ciento.
Además, las dos provincias extremeñas también registran las tasas de infracciones penales por cada millar de habitantes más bajas del país con un 27 por ciento la pacense y un 19,6 por ciento la cacereña.
Así lo ha anunciado la delegada del Gobierno en la región, Cristina Herrera, en una rueda de prensa acompañada del jefe superior de la Policía Nacional en Extremadura, Miguel García-Izquierdo, y del coronel jefe accidental de la Zona de la Guardia Civil en Extremadura, Miguel Olivares.
En su intervención, Cristina Herrera ha puesto en valor que estos datos, hechos públicos por el Ministerio del Interior basado en el estudio de Balance de Seguridad, "viene a confirmar la tendencia establecida desde 2012" dado que, desde entonces y "de forma consecutiva", Extremadura es la región en la que menos infracciones penales se cometen en todo el país.
En 2012, ha resaltado, esta cifra se encontraba en el 26,6 por ciento y a partir de ahí ha descendido de forma gradual hasta los datos actuales, al tiempo que ha apuntado que la media nacional se sitúa en el 43,3 por ciento, 19 puntos por encima que Extremadura, región española más segura seguida de Asturias y La Rioja con unas tasas del 25,1 por ciento y del 25,5 por ciento, respectivamente.
A este respecto, ha achacado estos datos al trabajo "eficaz" de las fuerzas y cuerpos de Seguridad en coordinación con la Delegación del Gobierno y el Ministerio del Interior, a pesar de lo cual ha insistido en que "no" les "llevan" a estar "tranquilos" y en que siguen trabajando para disminuir estas tasas.
CIFRAS PORMENORIZADAS
Según los datos aportados por la delegada del Gobierno, el número total de infracciones penales en la región en estos tres primeros meses del año ha sido de 6.793, de los cuales 279 corresponden a malos tratos en el ámbito de la familia que, a su vez, suponen un porcentaje negativo del 12,9 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior, cuando se registraron 320.
También han bajado los delitos de lesiones (que pasan de 466 en el primer trimestre de 2016 a 438 en el pasado trimestre) y han caído los robos con fuerza en cosas (de 1.238 a 1.164), los delitos por tráfico de drogas (de 31 a 38), los robos en vehículos (de 235 a 218) y los índices de infracciones penales de robos con violencia o intimidación en la vía pública (de 46 a 26).
Por el contrario, han subido aunque "ligeramente" los delitos de pornografía infantil (de dos a cuatro), de corrupción de menores (de dos a tres) y contra el patrimonio (de 4.822 a 4.828), mientras que la tasa de detenidos o investigados por infracciones penales pasa de 287 en los tres primeros meses del pasado año a 277 en los tres primeros de 2017.
ROBOS EN EL CAMPO
De igual modo, Herrera ha resaltado como "especialmente significativo" el descenso en las sustracciones en explotaciones agrícolas y ha concretado que en 2015 ya bajaron de 1.748 a 1.486 y que el año pasado la cifra cayó a 1.306, mientras que en el primer trimestre de 2017 ha sido de 300 frente a los 433 registrados en las mismas fechas de 2016. Así, el pasado mes de enero se produjeron 99, en febrero 82 y en marzo 119.
La mayoría de estos robos en explotaciones agrícolas se produce en la provincia de Badajoz, ha agregado, y de los 300 citados anteriormente 208 corresponden a la provincia pacense y el resto a la cacereña, aunque el descenso en ambas es "significativo" dado que en la primera han caído el 27,8 por ciento y en la segunda un 36,6 por ciento.
Finalmente, la delegada del Gobierno ha recordado que una de las novedades que incorpora este informe elaborado por el Ministerio del Interior es que se facilitan datos de las localidades con población superior a 30.000 habitantes, así como la incorporación de nuevos indicadores de seguridad.
Ha agregado, además, la puesta en marcha del portal estadístico
www.estadisticasdecriminalidad.es de acceso público y con información de este tipo de estadísticas y de expedientes sancionadores por la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana.
