El sindicato FECCOO-Extremadura ha considerado necesario "consolidar" 3.500 plazas en los próximos tres años para bajar la temporalidad al 8 por ciento en los cuerpos docentes de la comunidad autónoma.
En concreto, en nota de prensa, afirma que según sus últimos estudios, la interinidad en los cuerpos docentes ronda el 30 por ciento en la región extremeña.
De este modo se ha pronunciado el sindicato al hilo del acuerdo estatal para la mejora del empleo público, el cual a su juicio supone un "primer paso" hacia un "acuerdo para la mejora del empleo público" que viene "forzado" por la jurisprudencia europea y que, además, "no es ningún regalo a los trabajadores, ni concesión a los sindicatos", que, como CCOO, reclaman su "estricto cumplimiento".
En todo caso, la Federación de Enseñanza de CCOO-Extremadura valora "muy positivamente" el citado acuerdo estatal para la mejora del empleo público alcanzado entre el Ministerio de Hacienda y Función Pública, y recuerda que viene exigiendo un "acuerdo de consolidación de empleo" y de "reducción significativa" de la tasa de interinidad desde hace "varios años".
El acuerdo firmado este pasado miércoles, en el marco de la Función Pública, establece su posterior traslado a la negociación en los ámbitos sectoriales (Enseñanza y Sanidad) y a su "negociación" en las diferentes CCAA, según explica la organización sindical, que añade que seguirá exigiendo que "se coordinen los distintos procesos de convocatoria de las ofertas de empleo público y los cuerpos correspondientes".
De igual modo, CCOO ha planteado la "necesidad" de contemplar en el acuerdo al personal de las universidades y al Personal de Servicios Educativos Complementarios (PSEC), que también soportan "altas tasas de temporalidad", indica.
ARGUMENTACIÓN
Por otra parte, con la firma de este acuerdo la Federación de Enseñanza de CCOO-Extremadura ve confirmada toda la argumentación que, según apunta, lleva exponiendo desde el pasado mes de noviembre, cuando rechazó una oferta de oposición docente en 2017 "restringida en número de plazas y especialidades en Extremadura".
El sindicato, tanto en el ámbito educativo como en el general de la Administración Pública estatal, considera que ha realizado un "incansable trabajo" para propiciar la negociación de un acuerdo que permita "reducir la interinidad y temporalidad".
"Hoy vemos que el trabajo realizado está dando sus frutos y se aclara el panorama para cerrar los respectivos acuerdos con las administraciones autonómicas", añade.
También considera que es "importante" el "avance" que supone a su juicio "asumir", por parte del Gobierno Central, las Sentencias Europeas que CCOO ha "enarbolado" como motivo principal para "reajustar el abuso de las contrataciones temporales" en las administraciones públicas.
Igualmente, CCOO ha insistido, y dice que seguirá insistiendo, en la "necesidad de recuperar" el servicio público educativo de los "recortes sufridos" los últimos cinco años, a través de varias medidas "básicas" como son la "supresión" de la tasa de reposición; los procesos de "consolidación" de empleo que permitan convocar las plazas "reales" que necesita nuestro sistema educativo; la recuperación de los salarios "congelados desde 2010".
También la "disminución" de las ratios y los horarios lectivos hasta niveles que mejoren la calidad de la enseñanza; la "anulación" de los "recortes" en materia de salud laboral, en concreto "sustituciones de los docentes en el momento que se produzcan las bajas, y no castigar a los empleados públicos con descuentos salariales por incapacidad temporal".
Asimismo, añade que en "ningún caso" estas medidas deben contemplarse como un "premio de consolación" a los empleados públicos en "general", y al personal de enseñanza en particular, "por la paciencia, resignación y esfuerzo con los que asumieron el peso de los recortes en aras de una supuesta salida de la crisis".
Estas medidas no son más que el "reflejo" de la "realidad política" del país en la actualidad, con un gobierno "en minoría obligado a realizar pactos y llegar a acuerdos".
Por otro lado, el "exceso" de la temporalidad en las administraciones públicas puede suponer al gobierno español una "importante" sanción económica, por no cumplir las directrices europeas, que previamente se comprometió a aplicar.
