La consejera de Hacienda y Administración Pública de la Junta de Extremadura, Pilar Blanco- Morales, ha exigido al Gobierno central que adopte "medidas de urgencia" con "recursos económicos" y "compromiso", a través de una "acción decidida" para "hacer frente" a la situación "inaceptable" de la violencia de género en España.
Así, ha considerado que es "urgente" la puesta en marcha de "medidas eficaces" y "recursos", además de "campañas de sensibilización" y del impulso de un Pacto de Estado contra la Violencia de Género para "luchar más decididamente, con más medios, con más implicación, con el compromiso de todas las administraciones para acabar" con dicha "lacra social inaceptable".
De este modo se ha manifestado este viernes en Mérida (Badajoz) en rueda de prensa en la que ha recalcado el "firme compromiso" de la Junta de Extremadura contra la violencia contra las mujeres, y en la que ha transmitido la "firme exigencia" al Gobierno central de la necesaria "aportación de los recursos y los medios necesarios para acabar con esta situación".
Tras lamentar que 16 mujeres han sido asesinadas en España "por ser mujeres" en lo que va de año 2017, ha apuntado que se trata de una cifra "sin precedentes" desde que se aprobó la Ley de Medidas Integrales contra la Violencia de Género; y ha exigido asimismo al Gobierno nacional que "asuma sus responsabilidades" a través de la puesta en marcha de "nuevas acciones", al tiempo que ha recalcado que en todo caso la lucha contra la violencia de género "es tarea de todos".
INACCIÓN DEL GOBIERNO CENTRAL
Al mismo tiempo, Blanco-Morales ha lamentado la "inacción", a su juicio, del Gobierno nacional en esta materia, cuando "es necesaria una voluntad decidida y el esfuerzo conjunto de todos" y "destinar fondos".
En este punto, ha criticado el "recorte brutal del 26 por ciento" de los recursos destinados a esta política "de todos" por parte del Ejecutivo central, y que según ha añadido alcanza en la actualidad un "recorte del 16 por ciento".
"Hay que acabar con los recortes, hay que destinar recursos y es más necesario que nunca este Pacto de Estado para luchar contra la violencia contra las mujeres", ha subrayado, al tiempo que ha reiterado la "decidida exigencia" de la Junta para que el Gobierno de la nación "destine los recursos necesarios" para "acabar con la discriminación, las desigualdades y con todo aquello que lleva a que las mujeres sean asesinadas por el hecho de ser mujeres".
DIRECTORA DEL IMEX
Por su parte, la directora general del Instituto de la Mujer de Extremadura (IMEX), Elisa Barrientos, tras denominar la violencia de género como "terrorismo machista", ha considerado que "hay que poner las mismas herramientas que se pusieron para acabar con el terrorismo de ETA para acabar con el terrorismo que acaba con la vida de las mujeres por el mero hecho de ser mujeres".
De igual modo, ha recalcado el "compromiso firme" de la Junta en materia de igualdad y de lucha contra la violencia género. Así, ha subrayado que mientras que en la pasada legislatura (con el PP en el poder) el "recorte" en las políticas públicas de igualdad a través de la red de oficinas de igualdad y los puntos de atención psicológica "supuso un 39 por ciento", este año los presupuestos del IMEX destinados a ambas cuestiones "han sufrido un incremento más allá del 53 por ciento".
Asimismo, Barrientos ha defendido que "el machismo sí se combate con recursos", y ha rechazado que se ponga en "tela de juicio" las órdenes de alejamiento, ya que según ha incidido estas últimas "no fallan, sí sirven", y "lo que hay que hacer desde la Administración de Justicia es hacer un seguimiento de los quebramientos de las órdenes de alejamientos", para lo cual se requieren "recursos económicos y humanos" para que "se cumplan" dichas órdenes.
En este punto, ha indicado que "ahora mismo" la "mayoría" de agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil que, como fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que tienen la "competencia de hacer el seguimiento" de las órdenes de alejamiento, "son personal que está en segunda actividad" cuando, a su juicio, se necesita a "profesionales especializados".
Tras apuntar que ella no pretende criticar en ningún caso la segunda actividad en la que se encuentren agentes que realizan seguimiento de las órdenes de alejamiento, ha añadido que lo que ella lamenta es que "tienen que tirar de personas que están en segunda actividad porque las plazas que se quedan libres no están cubiertas"; y ha defendido por ello que "hay que cubrir las plazas de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que se quedan vacantes".
En la misma línea, la directora del IMEX ha insistido en que "hacen falta más recursos humanos porque el quebrantamiento de las órdenes de alejamiento muchas veces se produce por mera saturación en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado".
Al respecto, Barrientos ha criticado que en Badajoz hay, según ha dicho, "un sólo policía de seguimiento para 82 mujeres con órdenes de protección", lo que a su juicio supone un ejemplo de "saturar a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado".
Sobre esta misma cuestión, la consejera de Hacienda y Administración Pública, Pilar Blanco-Morales, ha reconocido el "trabajo" que realizan los profesionales de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, "sea cual sea la situación administrativa de estos profesionales".
"Estoy convencida de que hacen su trabajo de la mejor manera posible. Lo que pedimos son más recursos, más medios y más especialización", ha añadido al respecto.
QUEBRANTAMIENTO DE ÓRDENES DE ALEJAMIENTO
En cuanto al quebrantamiento de órdenes de alejamiento, Blanco-Morales ha recordado que "el quebrantamiento de una medida judicial tiene que ir acompañada también de la respuesta judicial que la propia ley establece", y ha defendido que "no" se puede "cuestionar las órdenes de alejamiento por que se quebranten".
A su vez, la directora general del IMEX, Elisa Barrientos, ha incidido en que "el incumplimiento de la ley por parte quien la incumple no puede llevar a criticar la ley que está marcada". "La ley está para cumplirla, nos guste o no nos guste", ha recalcado; y ha ahondado en que "saltarse o quebrantar la ley no quiere decir que la ley no funcione" sino que "quiere decir que el delincuente sigue incumpliendo la ley", ante lo cual --añade-- la Administración de Justicia "tendrá que tomar las medidas".
